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(V parte) REFORMA MUNICIPAL Y CALIDAD DE LA DEMOCRACIA (ICHEM)

INSTITUCIONALIDAD Y CIUDADANÍA. La institucionalidad de la reforma municipal que se propone debe permitir la identificación del ciudadano con el entorno local del que forma parte. Del mismo modo, la eficiencia de los servicios debe ser vista como un derecho, y uno que es irrenunciable por parte de la gente. En lo fiscal, hay que hacerse preguntas nuevas: ¿quién recauda los impuestos y quién decide su utilización?. Mas aún, para aquello que tiene relación con la inversión local , ¿existe alguna especie de derecho natural del Ministro de Hacienda o es mas eficiente y apropiado hacerlo desde el municipio? Si la respuesta es lo segundo, aparece otro fundamento para la reforma municipal, ya que implica el salto desde las administraciones municipales que hoy son meramente delegatarias en ese sentido, a los gobiernos locales, los que contarían con mayor grado y niveles de iniciativa y poder de decisión. La verdad es que hoy es imposible pensar que los problemas de una sociedad compleja, puedan ser solucionados por un solo actor, sea el Estado o el mercado. De ahí que toda institucionalidad de una reforma municipal que apunte a una democracia de calidad debe considerar a la ciudadanía. En otras palabras, la sociedad civil y la importancia de la descentralización aparecen cuando se reconoce que hay energía social en todas partes, por lo que temas como la drogadicción, la protección de los niños, el cuidado de los ancianos y muchos otros, no pueden solucionarse sino a través de la comunidad, o por lo menos, se resuelven de mejor manera. La razón es la siguiente: en el siglo XXl las personas se enriquecen cuando participan y son escuchadas. También las sociedades, ya que se potencian unas a otras. Sin embargo, se necesitan reformas para conectar de mejor manera al municipio con la sociedad civil. Para ello se requiere una asociación de nuevo tipo, que a través del concepto de dominio público, supere las viejas (y superadas ) distinciones entre lo estatal y lo privado. La sociedad civil puede llegar a donde no llega el Estado. Por su parte, una vez reformado, el municipio debiera aportar una disposición a escuchar, por lo tanto de complementariedad y de creación de redes. Por su lado, la sociedad civil debe hacer lo que rara vez ha hecho: perder todo aire de superioridad moral, ya que una relación de nuevo tipo debe aceptar que las organizaciones no gubernamentales de por sí y solas no son solución alguna, ya que en la mayoría de los casos, no saben administrar, priorizar ni fijar objetivos. En la primera generación de reformas, el Estado seguía funcionando como pirámide. En la segunda, para tener una democracia de calidad, debe organizarse como una red que se articula con la sociedad. El punto de fondo es que ello puede lograrse mucho antes en los municipios que en el gobierno central. Al respecto, Chile ha ingresado al siglo XXl con libertad política y libertad económica. El bicentenario debe ayudar a superar el tema social pendiente, además de avanzar en los muy insuficientes niveles de participación y confianza, hoy cada vez mas decrecientes. Para lograr esos objetivos se debe entender que lo público no es sinónimo de estatal, y que en una democracia de calidad, el rol del Estado no es sustituir, sino impulsar, quitar obstáculos más que ponerlos. Por ello , en temas como la droga o el alcoholismo, se debe aceptar que instituciones religiosas o de beneficencia en alianza con los municipios podrían ser más eficientes, menos burocráticas y mas exitosas que el gobierno central en enfrentar y solucionar estos problemas. También se podría aplicar a establecimientos educacionales que funcionan mal bajo los municipios, y que en una nueva etapa podrían ser entregados en comodatos a organizaciones privadas o cooperativas de profesores.